El espíritu del agua en una ley ciudadana

El espíritu del agua en una ley ciudadana

El 4 de febrero de 2020 se entregó al Congreso de la Unión la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, respaldada por 198,127 firmas. Foto: Mario Marlo

El espíritu del agua en una ley ciudadana

 

Agua para Todos, Agua para la Vida

 

 

Producción: Arturo Contreras Camero

Marzo 14, 2021

 

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Lectura de 23 minutos 

 

AGUA

La política del agua en México ha roto el ciclo del agua. Su legislación favorece un paradigma extractivista al servicio de grandes intereses y afecta gravemente el acceso al agua de decenas de millones de mexicanos. Pero no tiene por qué ser así. Esto lo aprendieron quienes, respaldados por un cambio constitucional que mandata el acceso equitativo y el uso sustentable del agua con participación ciudadana, promovieron un proceso amplio de articulación, capacitación y organización por todo el país. Este movimiento desarrolló, consensó y presentó la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (ICLGA) para lograr transitar a un modelo de gestión sostenible y equitativo del agua, que podría hacerse realidad este 2021.

Fue en diciembre de 2012 cuando alrededor de 400 participantes del 1er Congreso Nacional de Ciudadanos y Sustentabilidad del Agua decidieron conformar el movimiento ciudadano Agua para Todos, Agua para la Vida, con la finalidad de cambiar el modelo de gestión del agua, que trata al agua como mercancía, como un recurso utilizable y desechable.

 

En lugar de este modelo, explica Pedro Moctezuma, uno de los miembros de la Coordinadora Nacional Agua para Todos Agua para la Vida, crearon una estrategia para que el agua pueda ser de todas y todos. “Este proceso en el que los hilos de agua confluyen en arroyos y luego en ríos para llegar a grandes cuerpos de agua, es lo que pasa en Agua para Todos, en donde hay mucho respeto por la identidad de la naturaleza”.

Dentro de la agenda de Agua para Todos está la defensa de humedales en Chihuahua, Chiapas y Xochimilco. En la imagen la laguna Meoqui en el Río San Pedro, Chihuahua. Foto: Heriberto Paredes

Dentro de la agenda de Agua para Todos está la defensa de humedales en Chihuahua, Chiapas y Xochimilco. En la imagen la laguna Meoqui en el Río San Pedro, Chihuahua. Foto: Heriberto Paredes

Pedro es académico y ha pasado los últimos nueve años en la organización de este titánico esfuerzo, probablemente único en la historia de México. Comenta que esto ha sido posible gracias a la organización, coordinación y toma de decisiones colectivas que caracterizan a Agua para Todos.

 

La experiencia acumulada de quienes forman parte de este movimiento les dota de saberes para solucionar problemas hídricos locales, para construir proyectos de manejo de cuencas y desarrollar organizaciones ciudadanas para la construcción del buen gobierno del agua. Esto les ha permitido defender los derechos de quienes aprovechan el agua de manera incluyente y democrática. En Agua para Todos participan del esfuerzo comisiones de cuenca, organizaciones campesinas, sindicatos, comunidades eclesiales de base, organizaciones cívicas, universitarios, constitucionalistas y expertos hídricos. Un despliegue de experiencias que dota a Agua para Todos de una nueva fuerza social creadora.

 

“La Ley de Aguas Nacionales, producto del Salinismo y que mantiene el esquema legal vigente desde 1992, es ya obsoleta” dice Pedro, tajante. “Propicia la privatización, promueve el acaparamiento en pocas manos, permite la contaminación y prioriza megaproyectos de muerte a costa de la salud y la vida de millones con acceso precario al agua. Sin embargo, no existía un proyecto para cambiarla”.

México es el país sobre el que más casos se han llevado ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, que en 2012 condenó al Estado mexicano por la violación a los tratados internacionales y al ordenamiento jurídico interno, y advirtió de un posible colapso hídrico en el país. Testimonio de la gravedad es el Río Santiago, uno de los más contaminados del mundo. En 2016 dicho Tribunal emitió una recomendación a favor de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas. Foto: Giorgio Viera

México es el país sobre el que más casos se han llevado ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, que en 2012 condenó al Estado mexicano por la violación a los tratados internacionales y al ordenamiento jurídico interno, y advirtió de un posible colapso hídrico en el país. Testimonio de la gravedad es el Río Santiago, uno de los más contaminados del mundo. En 2016 dicho Tribunal emitió una recomendación a favor de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas. Foto: Giorgio Viera

Además, la Ley de Aguas Nacionales caducó el 8 de febrero de 2012, cuando una reforma a la Constitución reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, siguiendo el compromiso del Estado mexicano frente a la Organización de las Naciones Unidas. Supuestamente, dentro de los 360 días subsecuentes, el Congreso de la Unión emitiría una Ley General de Aguas que permitiera el acceso equitativo y sustentable al agua, con la participación ciudadana como garante, pero el plazo se alargó y aún no se cumple. Ante la falta de atención por parte del legislativo, los esfuerzos de Agua para Todos podrían lograr que, en los próximos meses, la manera en que se gobierna el agua en el país cambie completamente.

El actual sistema de concesiones permite que grandes corporaciones embotelladoras de agua, refresqueras y cerveceras (entre otras) se apropien del agua de muchas comunidades en todo el país. Foto: Mario Marlo

“Esperamos que sea antes de que finalice esta primavera. Mientras tanto promovemos la construcción de nuevas instancias de cuenca y contralorías ciudadanas en las microcuencas, subcuencas y cuencas”, explica Pedro. Lograrlo sería un cambio significativo:

 

“Sería cambiar el terreno de lucha y lograr una nueva ley que conciba el agua como derecho humano llave, con instancias e instrumentos democráticos a nivel nacional. La perspectiva común es cambiar el paradigma extractivista de gestión del agua por uno de gestión de ciclos vitales desde la población, en el territorio, basado en la planeación, regeneración, aprovechamiento, tratamiento y reúso del vital líquido en una lógica de derecho humano al agua y al saneamiento en el campo y ciudad”, explica Pedro.

 

Estas nuevas instancias de cuenca y las contralorías ciudadanas, entre otros órganos colegiados y con participación ciudadana, serían las encargadas de decidir el uso del agua en cada región. Preparar este modelo tomó años de aprendizaje, centenares de foros para construir consensos, trabajo con comunidades en distintos puntos del país y un proceso continuo de articulación nacional. Han sido muchas las experiencias que dieron forma al movimiento e hicieron posible la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas. Relatamos algunas de ellas.

 

El desastre del río La Compañía y la grieta en la Ley de Aguas Nacionales

En febrero de 2010 tuvo lugar una grave inundación en el Valle de Chalco, una de las subcuencas del Valle de México. Este desastre, que afectó a más de 23 mil hogares, pudo haberse evitado si la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) hubiese seguido el plan de manejo de cuenca propuesto meses antes por la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y La Compañía junto con pobladores, académicos y expertos.

 

“Ver que no fuimos tomados en cuenta en nuestra propuesta para enfrentar el riesgo de inundación, nos hizo darnos cuenta de un problema que se sufría en todos lados”, cuenta Rebeca López sobre su imposibilidad de decidir cómo querían que se manejara el agua en su comunidad.

 

Rebeca vive en Tlalmanalco en la falda de la Sierra Nevada (que va del Popocatépetl al Monte Tláloc). Ahí conoció a Pedro Moctezuma y Elena Burns años antes de aquel desastre. Juntos habían rescatado un bosque y construyeron el Centro de Investigación para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (Centli) que la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) mantiene en colaboración con las comunidades.

 

Como respuesta a las amenazas de la urbanización algunos habitantes de Tlalmanalco y académicos de Casa UAM decidieron optar por la defensa de la vocación forestal de la zona de los volcanes. “Generamos la visión colectiva de que esta región provee de servicios ambientales a la gran cuenca del Valle de México por las características geológicas, geofísicas, sociales y productivas que tiene”.

 

Les resultaba clara la necesidad de un plan de manejo en función de la cuenca y que ésta debería ser participativa. Desde Casa UAM encontraron una grieta en la Ley de Aguas Nacionales que les daba esa oportunidad, pues en su artículo 13 apartado bis permite la participación ciudadana en órganos auxiliares a la CONAGUA.

 

En 2006 iniciaron un proceso amplio con asambleas que sentaban a la mesa a concesionarios del agua, a quienes CONAGUA permite extraer agua por medio de concesiones industriales, de riego agrícola y públicas urbanas, junto con sectores ligados al agua pero que no tienen concesiones: los forestales, los agricultores de temporal, empresas verdes, universitarios, grupos de ecoturismo y escuelas.

 

Dos años después nacía la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y La Compañía, aglutinando a productores y usuarios del agua, gobiernos locales, organismos operadores de agua y también el sector industrial. “Había mucho entusiasmo, todos querían participar”, recuerda emocionada Rebeca. “Entre todos empezamos a trabajar un programa de plan hídrico que incluía el manejo de las aguas de las partes altas a la parte baja y se presentó a las autoridades federales”. El plan debía iniciar en 2009 y ayudaría entre otras cosas a evitar inundaciones como aquella de 2010.

Para involucrar a más ciudadanos la Caravana por el Agua Ce Atl recorrió en 2011, con foros técnicos y eventos culturales, más de 40 poblados en alcaldías de la Ciudad de México y municipios colindantes. Foto: Memoria Migrante

Sin embargo, las autoridades echaron por tierra el esfuerzo de tres años. “Fue un golpe duro”, cuenta Pedro Moctezuma. “Nos entusiasmamos mucho, habíamos hecho una estrategia multiactor, de abajo para arriba y habíamos cuidado todas las instituciones y a todos los actores, de modo que era muy factible la ejecución del plan hídrico. Justo en esta coyuntura, cuando había que empezar algunas obras – mucho más económicas que lo que CONAGUA suele hacer, ésta optó por ignorar el plan y hacer un enorme túnel de desagüe en el río La Compañía para desalojar las aguas”.

 

Cuando se terminó el túnel ya habían pasado las inundaciones de 2010, y a pesar de reconocer que el plan de los ciudadanos era mejor, la CONAGUA lo descartó sin más. “Sí, tienen razón, eso es lo que se debe hacer, pero ya decidimos con el presidente otra obra”, cuenta Pedro sobre la respuesta de su entonces titular, José Luis Luege Tamargo. El presidente Felipe Calderón inauguró dicho túnel que habría de evitar futuras inundaciones, en marzo de 2011. En el evento el mandatario aseguró que nunca más habría inundaciones como las del año anterior. Sin embargo, ni un mes después volvieron las inundaciones, superando a las de 2010.

 

“Ahí dijimos ¡Basta! Necesitamos organizarnos junto con esfuerzos afines para cambiar la Ley de Aguas Nacionales”, resume Pedro. La aceptación del Derecho Humano al agua y al saneamiento por la ONU en 2010 y su ratificación en la Constitución Mexicana año y medio después otorgaban la oportunidad perfecta.

 

“En marzo de 2012, desde la Casa de la Primera Imprenta de la UAM, se convocó a los movimientos aliados a un Congreso Nacional a donde acudirían comisiones de cuenca, ejidos y comunidades, juristas, expertos en gestión de cuencas y en aguas subterráneas, así como organizaciones regionales como LaVIDA de Veracruz, redes nacionales como la Red de Acción por el Agua, FANMex, científicos como La Red de Agua de Conacyt, y ambientalistas como el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. A partir de ese llamado nació el movimiento Agua para Todos Agua para la Vida.

El movimiento busca garantizar agua de calidad para las actuales y futuras generaciones. Niños disfrutando del agua en Punta Laguna, Quintana Roo. Foto: Gabriela Montaño

Escuelitas del Agua

Una de las propuestas centrales de la iniciativa ciudadana es que sean los habitantes de una cuenca quienes marquen la pauta en el manejo del agua. En muchas comunidades rurales de México esta gestión es algo cotidiano, sin embargo, se realiza con conocimientos técnicos y recursos limitados.

 

“Este tipo de sistemas nacieron del olvido de las instituciones”, explica Ricardo Ovando, miembro del sistema comunitario del agua en Tecámac, Estado de México. “El municipio es el único facultado para la distribución del agua. En ese esquema nosotros, los sistemas comunitarios, no existimos ¡Pero claro que existimos! La visión del Estado es que el gobierno es el responsable y fuera de eso no hay nada. De ahí viene el desconocimiento e invisibilización de la gestión comunitaria del agua”.

 

Para que los sistemas comunitarios puedan operar mejor necesitan, además de ser reconocidos por la ley, contar con todas las capacidades para lograrlo. Ahí entran las Escuelitas del Agua, un ejercicio de capacitación continuo entre proveedores comunitarios.

 

Como muchas otras comunidades en México, Tecámac no tuvo un sistema de agua auspiciado por el gobierno local. Los pobladores desarrollaron infraestructura propia para llevar agua a sus hogares, pero este sistema cambió a mitad de siglo pasado. “Todo empezó con la desecación de la laguna de Xaltocan”, cuenta en un breve resumen Ricardo. “A principios de los 50, todavía quedaban algunos vasos captadores, que se llaman jagüeyes, pero los taparon, y era de ahí de donde se suministraban todos los vecinos”.

 

Para suplir los jagüeyes la comunidad empezó a hacer faenas (jornadas de trabajo comunitario) en las que poco a poco crearon una red de agua potable. Una de sus principales obras fue la construcción de un tanque elevado de almacenamiento para todo el pueblo. Hoy el sistema de aguas de Tecámac suministra a por lo menos tres mil tomas en toda la comunidad.

 

Sin embargo, a finales de los noventa este sistema comunitario se vio amenazado por la urbanización. “Se modifican los planes de desarrollo urbano a nivel estatal y se determina que vamos a ser parte de la Ciudad de México; que vamos a ser ciudades dormitorio y ese asunto”, cuenta Ricardo.

 

Bajo el nuevo ordenamiento el sistema comunitario pasaría a manos del Estado. “Llegó un momento en que el gobierno municipal organizó a un grupo de ejidatarios interesados en vender la tierra y en conjunto organizaron un complot buscando despojarnos de nuestro sistema de aguas”.

 

Para evitar que se consumara el despojo, algunos ejidatarios y miembros del sistema de aguas montaron un plantón frente al palacio municipal, donde están las oficinas del sistema de aguas. Fue en ese plantón donde Ricardo y otros integrantes del sistema se encontraron con Agua Para Todos. Del encuentro surgió una claridad: había que fortalecer los sistemas comunitarios a lo largo y ancho del país.

 

La inspiración vino de la lucha boliviana, liderada por Oscar Olivera, para expulsar a la empresa estadounidense Bechtel, a la cual el gobierno boliviano había dado la concesión del agua en Cochabamba. Entre las articulaciones que fueron clave estaba la de la Red VIDA (Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua). Ahí surgieron las escuelas de manejo comunitario que luego extendieron a diversos países latinoamericanos. Por su parte, Agua para Todos decidió adaptar las Escuelitas del agua a las experiencias mexicanas.

 

Continúa Ricardo, “Ahí nosotros decimos, bueno, ya construimos relaciones, tenemos compañerismo de lucha en diferentes estados, ahora vamos a crear un proyecto de capacitación, porque en los estados hay compañeros con un nivel de desarrollo muy pobre y hace falta generar capacidades para generar servicio y que cada sistema local gane legitimidad”.

 

En las Escuelitas del Agua se enseñan cosas como el marco jurídico nacional e internacional del agua, así como sistemas de cloración y potabilización, manejo de redes hídricas y técnicas de saneamiento.

 

Las escuelas han servido para mejorar las condiciones de sistemas de aguas comunitarios en la zona norte y oriente del Estado de México así como en Morelos e Hidalgo, y en 2021 acompañarán el desarrollo de un sistema comunitario en Amatlán, Veracruz.

 

Defender el uso comunitario del agua es defender el territorio

La exclusión de quizá cientos de sistemas comunitarios como el de Tecámac no es una simple omisión. Forma parte de un modelo que busca eliminar el derecho de los pueblos a decidir sobre los recursos en su territorio, ya que, para la Ley de Aguas Nacionales, solo empresas y gobiernos tienen el derecho a extraer agua.

Los habitantes de la Montaña Alta de Guerrero aprendieron a cosechar agua de la niebla y a crear sus propios sistemas de suministro comunitario. Los saberes comunitarios sobre el manejo de agua son una tradición muy arraigada. Foto: Lenin Mozo, Centro de Derechos Humanos Tlachinollan

Así, “si nuestro sistema comunitario no tiene garantizado el derecho al agua, basta que una empresa solicite la concesión para que se la lleve”, asegura Alfredo Méndez Bahena, profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero, quien desarrolla su trabajo junto a comunidades indígenas y campesinas en dicho estado, fortaleciendo formas organizativas para el manejo del territorio y sus recursos.

 

“Lo que hace la Ley de Aguas Nacionales es sustraer el agua de los territorios. Las comunidades son dueñas de la tierra, pero no tienen derecho a usar el agua que circula en ella. ¡Es un sinsentido! Mucha de la destrucción de los sistemas ecológicos del país y de la vulneración del derecho humano al agua tiene que ver con que las decisiones sobre el agua son tomadas por una autoridad central que no tiene relación alguna con el territorio”, asegura.

 

Alfredo habla desde su experiencia. Su trabajo le permitió involucrarse en el proceso intercomunitario que desarrolló un mecanismo de gestión del agua en Chilapa, donde las comunidades implementaron proyectos de reforestación, aprendieron a captar agua de la neblina y el manejo del maguey, una planta importante para la infiltración del agua.

 

“Este tipo de fenómenos, que están ocurriendo en todo el país, serían la base de las propuestas que se plasmaron en la iniciativa ciudadana de ley de aguas”, explica Alfredo.

 

Otro proceso que ha acompañado es el del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, en la Montaña Alta de Guerrero, la zona que concentra la mayor población indígena del estado. “En esta parte en 2012 se desató mucha alarma, porque se hizo público que había más de 40 concesiones mineras para explotar oro y plata”, cuenta Alfredo.

La información a los pueblos sobre los riesgos de la minería en las montañas de Guerrero fue clave para que decidieran hacer frente a ellos en defensa de la tierra y el agua. Foto: Lenin Mozo, Centro de Derechos Humanos Tlachinollan

“En ese momento el gobierno federal intentaba determinar una zona como reserva de la biosfera, pero la gente se empezó a organizar porque vio que la coyuntura de los dos proyectos no era casual. Parecía más bien una ruta para restringir el derecho de las comunidades a decidir sobre su territorio y allanar así el camino para las mineras”, continúa.

 

En el proceso se organizaron 13 núcleos agrarios que controlan una superficie de más de 150 mil hectáreas y lograron detener el paso de la minería por su territorio. Las empresas desistieron en sus intentos extractivos por la presión de un par de amparos, uno de ellos emitido por no haber consultado a los pueblos indígenas de San Miguel del Progreso.

 

“Si pensamos que el agua es producida en los territorios, en su gran mayoría indígenas y campesinos, debe haber una ley que garantice sus derechos a decidir sobre este recurso”, concluye Alfredo. “No es ética ni políticamente justo que comunidades que salvaguardan la producción de agua en el país se conviertan en meros espectadores y que sean éstas las que tienen los peores servicios de abasto de agua”.

La organización comunitaria para la defensa del territorio en la Montaña Alta de Guerrero ayudó a articular la resistencia a proyectos mineros que amenazaban su derecho al agua. Foto: Lenin Mozo, Centro de Derechos Humanos Tlachinollan

Como en este caso en Guerrero, la Coordinadora Agua para Todos integra diversas naciones originarias que aportan su cosmovisión, formas de organización y resistencias, desde nayeris, mazahuas, mixtecos, zoques, nahuas, yaquis, mayos, seris, macehuales, ñañus, cucapás, zapotecos, totonacos y tohono o’odham y yaquis.

 

Con éstos últimos y el Sindicato Mexicano de Electricistas, Agua para Todos convocó a una movilización nacional en 2015. La Caravana Nacional por el Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida recorrió buena parte del país, desde Vicam, Sonora hasta Xochimilco, habiendo pasado por 76 poblaciones. La caravana dio un renovado brío a la Tribu Yaqui, que con apoyo de Agua para Todos mantiene sus esfuerzos por rescatar el Río Yaqui y recuperar sus derechos ancestrales.

 

Control ciudadano contra los abusos y la privatización

Cuando María Eugenia se enteró de que estaban por privatizar el sistema de aguas de su ciudad, Puebla, era demasiado tarde. Intentó organizarse con colectivos y actores políticos, pero el gobierno del estado ya había decidido. “En septiembre de 2013 nos enteramos de que se iba a privatizar el agua, alguien de prensa que se enteró vino a avisarnos”, cuenta María Eugenia Ochoa, académica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialista en el movimiento obrero y activista.

 

Sin embargo, la articulación social que provocó la privatización del sistema de aguas dio cauce a la Asamblea Social del Agua, un organismo ciudadano que defiende a quienes se acercan a él de los abusos de un sistema de aguas abusivo y ajeno a la gente.

 

“En ese momento estaba en el gobierno de Rafael Moreno Valle, por el PAN, pero que antes era del PRI. El año anterior, en diciembre de 2012, envió al pleno del congreso una iniciativa para una nueva ley de agua, ahí fue cuando se abrió la puerta a la privatización”.

 

Diez meses después, cuando se había articulado la defensa contra la privatización, el gobierno panista, con control absoluto del congreso local, ya estaba aprobando los cambios para privatizar el agua en la capital del estado. “Cuando salimos de protestar en el Congreso, llegó un compañero de otro colectivo y me dice: ‘Fíjate Maru que en el cabildo del municipio estaban aprobando a la par del Congreso que se concesionara el agua’.

 

La privatización logró la unión de un centenar de personas comprometidas a luchar en contra de ella. “Cada semana nos reuníamos, había abogados, académicos, organizaciones sociales”, dice María Eugenia. “Desde entonces nos planteamos no ser nada más una organización social, sino funcionar como asamblea, horizontalmente. Es así como nos nombramos la Asamblea Social del Agua”.

 

Actualmente esta asamblea integra alrededor de 3 mil personas y sesiona todos los martes en Unidad Guadalupe, una colonia residencial de Puebla. Desde ahí, combaten los abusos de la empresa que van desde cierres de tomas hasta cobros excesivos. Su estrategia se basa en demandas legales y amparos, los únicos medios que tienen a la mano. En 2016 interpusieron una serie de amparos que fueron respondidos tres años después pero que no lograron detener los abusos en el suministro de agua a la población.

 

La Asamblea Social del Agua se sumó a Agua para Todos en 2013, buscando que espacios como el suyo sean contemplados en la ley. “La Asamblea es un espacio ciudadano, amplio, plural que busca construir dentro de la sociedad, que busca hacer horizontal y transformar la cultura del agua, que aprendamos a organizarnos, a hacer trabajo colectivo de base, que en cada espacio y en cada lugar se estructure un colectivo de defensa del agua para generar un buen gobierno del agua”, asegura María Eugenia.

A nivel nacional, la así llamada Ley Korenfeld, que hubiese profundizado la privatización del agua en el país, fue descarrilada en 2015 – motivo de celebración en el día Mundial del Agua. Foto: Pedro Moctezuma

Ejemplos como el cambio a la ley en este estado, que desmanteló un organismo público para otorgar su función a empresas privadas, no es único en el país. En Saltillo, Aguas de Barcelona tiene la concesión, y condiciona el suministro al pago del servicio, lo que no solo es inhumano, sino también violatorio del derecho al agua. En 2017 en Baja California, el entonces gobernador Francisco Vega intentó privatizar el agua a través de la llamada Ley Kiko Vega, que no prosperó ante el masivo rechazo ciudadano. Ese mismo año, el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, promovió la Ley de Sustentabilidad Hídrica, que crearía el marco legal para privatizaciones, pero la oposición de Agua para Todos con un plantón ante el congreso local y los tiempos políticos, evitaron su promulgación.

 

En el mundo Maya el agua también peligra

Quienes defienden los acuíferos y los ‘ríos subterráneos’ de la península de Yucatán han sido los más recientes en sumarse a la Coordinadora. Todo inició con un desencuentro entre organizaciones locales y legisladores y empresarios que, a juicio de los primeros, contaminan los ríos subterráneos de la península.

El Popol Vuh narra que los primeros humanos aparecieron de las cuevas. Hoy, desde los cenotes que asombran a los turistas, habitantes de Homún emprenden una lucha contra la empresa porcícola Kekén que amenaza con contaminar las reservas de agua dulce de la región. Foto: Robin Canul

La geología de la península es muy particular. Está formada por sistemas kársticos, moldeados por la acción del agua, generando relieves singulares como cenotes, cuevas y grutas, explica Teresa Denegre-Vaught, integrante de la Red ciudadana por la sustentabilidad de Yucatán, un conjunto de organizaciones ambientalistas y de derechos en el estado. La gente de la península sabe que el agua fluye principalmente debajo de sus pies, albergándose entre las rocas y el subsuelo formando los acuíferos, por lo que son la principal fuente de agua para abastecer el uso y consumo para toda la población.

 

“Esa agua se creía que era inagotable, pero por eso mismo se volvió más vulnerable y hoy peligra”, dice preocupada. “Por ejemplo, las mega industrias cerveceras, que cada vez hay más en Yucatán, también la cuestión de los cerdos. Si vivimos en una reserva natural pues la tendríamos que cuidar, pero pones megagranjas porcícolas por todas partes y no tienes sistema de drenaje o biodigestores que traten las aguas residuales”, esto provoca que los desechos se infiltren por la roca porosa y vayan directamente a las fuentes de agua que circulan en el subterráneo y que son las fuentes para consumo humano.

 

La producción porcícola en Yucatán explotó durante los últimos años, en los que se ha expandido a un promedio de 14 por ciento por año. Según datos del grupo ciudadano Indignación, que es parte de la red de Yucatán, en el estado hay 222 granjas, pero cálculos de otras organizaciones apuntan a que podrían ser el doble. Todas estas granjas toman el agua del subsuelo y, como la mayoría de las industrias del país, la desecha sin ningún tipo de tratamiento.

 

En diciembre de 2019 el diputado federal Feliciano Flores Anguiano llamó la atención de la Red por la Sustentabilidad pues organizaba un foro para la creación de una nueva ley general de aguas. “Nos enteramos y fuimos”, cuenta Teresa. “Conocimos al diputado, quien organizaba este foro junto con una organización local, pero fuera de ésta no se invitó a otras organizaciones”. Aún así integrantes de la red decidieron asistir.

 

“Se supone que era un foro abierto para hablar de los problemas del agua en Yucatán y para la nueva ley, pero desde que no convocaron a comunidades ni a ambientalistas ni a organizaciones, sospechamos. Además, se hizo en la sede de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Llegamos y nos dimos cuenta de que ahí estaban KeKén, los de los puercos (una de las empresas porcícolas más grandes de la península) y que había muy poca gente. Hablamos en la presentación y expresamos que no tenía validez su foro, que casi no había sido difundido y que no fueron invitadas personas que verdaderamente pudieran aportar para una nueva ley”.

 

En opinión de varios participantes el foro fue una simulación. Como respuesta, la red organizó uno alternativo, al que invitó a los sectores que dejó fuera el primero. Ahí nació el Concejo Ciudadano por el Agua de Yucatán, lo que les permitió conocer a Agua para Todos e integrar propuestas de manejo para el sistema kárstico en la ICLGA.

 

Como agua, como lluvia, como ríos, todos por la ley de aguas

El movimiento que impulsa la ley ciudadana se hace presente a través de múltiples encuentros, caravanas y movilizaciones, todas con una importante dimensión cultural. Así, la cultura fluye en Agua para Todos al ritmo de la trova, el rap y los corridos, con el apoyo de voces como la de Rubén Albarrán y Café Tacuba, El Mastuerzo, Lorena Moctezuma y Gabino Palomares, así como la poeta Mikeas Sánchez, del Ore’is tyäjk (Centro de Lengua y Cultura Zoque).

El Día Mundial del Agua es celebrado por Agua para Todos a lo largo y ancho del país. El carácter lúdico de las manifestaciones logra sumar a cada vez más ciudadanos. Aquí, el Carnaval del Agua realizado en Xalapa, Veracruz el 22 de marzo de 2019. Foto: Alejandra Parás

La campaña de firmas para avalar legalmente la ICLGA, realizada a población abierta, se basó en un torrente de esfuerzos que usó todos los medios posibles de comunicación, análogos y digitales. Los mensajes claros y propositivos impulsados por Alejandra Parás y la Comisión de Comunicación de Agua para Todos, tienen un largo alcance, que suma de manera notable a mujeres y jóvenes en los ámbitos rural y urbano, así como a especialistas.

 

Sin embargo, desde que nació la ICLGA sus detractores han hecho numerosos intentos de estancarla. Puso nerviosos a los ‘millonarios del agua’, como los llama Pedro Moctezuma: un grupo selecto de empresarios y caciques locales que representan el dos por ciento de los concesionarios de agua en el país pero que concentran el 70 por ciento de los permisos de explotación. Se acuerpan en el Consejo Consultivo del Agua, formado por empresas como Nestlé, Coca Cola, Constellation Brands, Veolia, Heineken, Cemex y Grupo Lala, todas gozando de miles de millones de litros concesionados por CONAGUA.

El Río Pescados en Veracruz, como otros en la Sierra Madre Oriental, enfrentan ahora la amenaza de las ‘micropresas’ por parte de empresas como Odebrecht. Foto: Alejandra Parás

En 2015 David Korenfeld, entonces director de CONAGUA, propuso una iniciativa extractivista y que profundizaría la privatización. Agua para Todos levantó una ola de 36 acciones en 32 entidades de la república en el Día Mundial del Agua el 22 de marzo y logró el apoyo mediante un desplegado de los rectores de la UAM, la UNAM y el director del Instituto Politécnico Nacional. La Ley Korenfeld estuvo a minutos de bajar al pleno de la Cámara de Diputados para ser aprobada, pero el ala campesina del Partido Revolucionario Institucional se rebeló y el Partido de la Revolución Democrática se dividió, arruinando el intento.

 

Posteriormente, en 2018, poco antes de dejar la presidencia, Enrique Peña Nieto aprobó 10 decretos que eliminaban vedas a reservas hídricas abriendo la puerta a una mayor explotación y comercialización del agua. El embate sirvió para que cerca de 50 mil ciudadanos se organizaran para tramitar un amparo en contra. Esta acción ayudó a parar el intento de otorgar concesiones masivas en octubre y a difundir la Iniciativa Ciudadana, expandiendo su apoyo ciudadano.

Alrededor del mundo las mujeres han estado al centro de las luchas por el acceso y la defensa del agua y México no es la excepción. Foto: Mario Marlo

El 4 febrero de 2020, después de presentar su Iniciativa Ciudadana, Agua para Todos impulsó la campaña 12 consensos por el agua, desde la que creó consensos con partidos políticos que habían presentado otras iniciativas de ley ante la Cámara de Diputados. Sin embargo, a finales de ese año el diputado Feliciano Flores Anguiano (quien organizó aquél foro en Yucatán) y el panista Mario Mata, quisieron presentar una ley que solo reglamentaría el derecho humano al agua, dejando activa la actual Ley de Aguas Nacionales, algo contradictorio pues no se puede asegurar el derecho humano al agua y saneamiento ni “el acceso equitativo y sustentable al agua”, como lo solicita la reforma constitucional, con la actual Ley de Agua Nacionales vigente. Ello habría significado mantener íntegro el sistema de concesiones y las amenazas que enfrentan los sistemas hídricos del país. La iniciativa ciudadana ha sorteado dificultades como la Ley Korenfeld o Mata Flores y las ha usado para volverse más fuerte.

 

Este 3 de febrero se cumplieron ocho años de que venció el plazo que la Constitución dio al Legislativo para emitir una Ley General de Aguas. La 64 Legislatura todavía tiene el próximo periodo de sesiones para promulgarla. Para transparentar la conducta de los legisladores, Agua para Todos presentará un semáforo que muestre qué miembros de la LXIV Legislatura cumplen el mandato constitucional de emitir una Ley General de Agua y quienes no.

 

Luego de un proceso de nueve años, Pedro Moctezuma está seguro de que la fuerza de Agua Para Todos radica en que su trabajo va más allá de señalar las deficiencias y hacer diagnósticos, sino que propone estrategias de solución y lucha para lograr su implementación. El ejemplo es la Iniciativa Ciudadana y la movilización ciudadana en las localidades.

 

“El tejido de instancias, capacidades y proyectos piloto sigue acumulando fuerza en todo el país, expresándose directamente en el territorio, donde inciden las propias organizaciones de los pueblos que tienen paradigma de respeto y cuidado al agua, hasta las universidades, comunidades urbano populares, comisiones de cuenca y contralorías sociales que además de construir alternativas, ejercen presiones de transformación sobre los poderes del Ejecutivo, Judicial y Legislativo en torno a adoptar una visión consensada en la Ley General de Aguas” asegura Pedro. “Se está construyendo el buen gobierno del agua sin esperar su aprobación. La gente está gustosa de organizarse, sobre todo en momentos de crisis”.


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Arturo Contreras Camero es reportero de Pie de Página, cubre temas relacionados con los derechos humanos, manejo de recursos, medio ambiente y territorio. Estudió en la escuela de periodismo Carlos Septién.