Camina sobre una losa de cemento que cubre lo que fue un campo agrícola de algodón, donde hace diecinueve años se hallaron los cuerpos sin vida de siete mujeres que estaban semienterradas, a flor de tierra. Un cuerpo más se localizó fuera del predio, pero en el mismo perímetro.

Los pasos de Imelda Marrufo Nava son firmes. El lugar lo conoce bien. Lo recorrió en ese entonces para clamar justicia y ha estado ahí en distintos momentos desde que se construyó sobre ese panteón clandestino un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez.

El memorial es emblemático no solo porque es el resultado de una lucha de casi siete años de las madres de mujeres asesinadas contra el Estado mexicano –ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos– también porque ese hecho provocó un giro al movimiento de organización colectiva que, desde 1993, pugna por justicia para las mujeres desaparecidas y asesinadas en esta ciudad mexicana, en la línea fronteriza con Estados Unidos.

“Era una época convulsa por las desapariciones y asesinatos, había mucho activismo, no teníamos otra agenda más que la de pedir justicia”, cuenta Imelda. Se refiere al activismo de calle, de rastreos en pasajes desérticos y de las pintas de cruces rosas en protesta por las mujeres asesinadas.

Era el 2001, año en el que la violencia contra las mujeres se agudizó en Ciudad Juárez con el descubrimiento de ocho cuerpos en el Campo Algodonero, el 6 y 7 de noviembre.

Los restos de Esmeralda Herrera Monreal, de quince años, empleada doméstica; Laura Berenice Ramos, de diecisiete, estudiante de preparatoria, y Claudia Ivette González, obrera de maquiladora, de veinte años, fueron encontrados entre los surcos agrícolas, junto a los de María de los Ángeles Acosta Ramírez, María Rocina Galicia, Merlín Elizabet Rodríguez Saénz, Mayra Juliana Reyes Solís y Verónica Martínez Galicia.

La desaparición y el brutal asesinato de las adolescentes encontradas en esa plantación algodonera desafió a las organizaciones civiles para ir más allá de las exigencias de justicia. “Nos llevó a organizar una consulta ciudadana para preguntar con respecto a la violencia de género y feminicidio y con los resultados se presentó un reporte sobre la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, narra Imelda mientras camina por el jardín de las cruces rosas colocadas en el memorial para víctimas de femicidios.

En esas acciones que se promovieron a partir del hallazgo en el Campo Algodonero están los antecedentes de los primeros pasos de personas y organizaciones civiles, como Casa Amiga Esther Chávez Cano, Grupo Compañeros, Organización Popular Independiente y Sin Violencia, entre otras, que se agruparon con el nombre de Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.

“Éramos una conjunción de personas que nos encontrábamos reconociendo un contexto de violencia que no entendíamos”, dice Imelda, una abogada feminista de cabellos rizados, cofundadora y coordinadora de la agrupación.

Con antecedentes de movilización por el hallazgo de los ocho cuerpos de mujeres en el sitio Campo Algodonero, la red se integró en 2004, con las mujeres en el centro de sus estrategias. Ha sido una lucha que iniciaron agrupaciones, con familiares de mujeres asesinadas, con víctimas de violencia y con defensoras de derechos humanos que también han sufrido violencia.

Así se comenzó la construcción de un camino hacia la justicia para otras mujeres.

“Ciertamente nuestra organización colectiva no se inicia con un trabajo jurídico en sentido estricto”, explica al hablar del movimiento que tiene en sus cimientos una pluralidad de personas que, desde el activismo, la academia, la investigación social y los colectivos, constituye una fuerza articuladora para la defensa de los derechos de las mujeres, la incidencia política y el acompañamiento a familiares de desaparecidas y de víctimas de feminicidio.

A casi diecinueve años del hallazgo de Campo Algodonero, este colectivo feminista no para de trabajar. Las organizaciones que como movimiento social forman la red, tales como Casa Amiga, Programa Compañeros y Sin Violencia, han sido promotoras de acciones de prevención de violencia sexual infantil y familiar; realizan intervención con mujeres en contextos de reclusión y usuarias de drogas, y son promotoras de refugios y casas de emergencia.

Por otra parte, el equipo operativo de Red Mesa de Mujeres, con sus acciones ha logrado visibilizar la violencia contra la mujer, consolidar la prevención, contribuir a la creación de protocolos estandarizados para investigaciones del feminicidio, vigilar la actuación de fiscales, defensores y jueces, impulsar centros de justicia así como justicia para las víctimas en casos emblemáticos, en los que ahora cimienta su nuevo desafío: la instalación de tribunales especializados de género para favorecer la igualdad y no discriminación en fallos judiciales.

“Hemos tenido que aprender, generar habilidades, técnicas, inclusive acciones jurídicas por distintas vías… hemos tenido que especializarnos”, dice Imelda. Entendieron que si planteaban acciones para modificar cosas tenían que generar políticas técnicamente viables, que para poder incidir no bastaba con poner una manta con un reclamo.

Caminar en los zapatos de otras

Isabel Aguilera González se desplaza siempre en alerta en las calles de su comunidad. Tan pronto detecta a un desconocido cerca del lugar donde vive, su actitud vigilante se incrementa, dice la mujer de 52 años y madre de cinco: dos hijos y tres hijas, una de ellas adolescente.

No es para menos, en la colonia donde reside, Riberas del Bravo, abundan las casas deshabitadas y en condiciones de abandono, los tramos sin alumbrado público, las calles con malas condiciones de pavimentación y además concentra el mayor número de casos de violación sexual de mujeres y niñas que se tienen registrados en Ciudad Juárez.

“Sin alumbrado, rodeados de casas abandonadas que muchos usan para escapar y sin policías que vigilen, lo mejor era no salir”, dice Isabel, quien habita desde hace más de quince años en el barrio donde muchos de sus residentes – unas 25 mil personas–, principalmente mujeres, se dedican a trabajar en maquiladoras.

No es casualidad que la red haya llegado a esos territorios. Ahí se concentran los barrios más marginados, con rezagos de infraestructura y con alto índice delincuencial, de acuerdo con investigadores sociales y reportes de autoridades policiacas.

Yadira explica que el programa nació debido a la cantidad de casos de violencia contra la mujer en los que se requiere acompañamiento. “Nosotras no vamos a poder estar siempre, entonces pensamos en la necesidad de formar a mujeres defensoras que puedan acompañar a otras”.

Con las acciones se busca anticipar y modificar dinámicas sociales, institucionales, económicas y culturales que generan la violencia por razones de género contra las mujeres, se asienta en las bases del programa que integra la prevención, atención directa, así como propuestas estructurales de política pública.

Pero no ha sido fácil. Para su implementación han tenido que tomar parques y predios al aire libre, donde las mujeres han encontrado un espacio para su encuentro.

En Riberas del Bravo así ocurrió. Limpiaron un terreno y habilitaron un templo bajo tejabanes y bancas improvisadas con maderas colocadas sobre bloques de cemento donde los fines de semana celebran una misa y durante la semana celebran sus reuniones de mujeres en red.

Cada ocho días veníamos a hacer hoyos para poner palos y lonas. Este terreno estaba destinado para que se hiciera en un futuro un kínder, pero no fue cierto, pasaron los años y nunca hicieron nada. Nos posesionamos, dice Isabel.

Litigio estratégico

A petición de los padres de Mónica Janet Alanís Esparza, una universitaria desaparecida el 26 de marzo de 2009, la Red Mesa de Mujeres tomó el primer caso de acompañamiento legal.

Imelda recuerda que a Ricardo Alanís y Olga Esparza los conoció en una actividad de denuncia en la zona centro de Juárez. Ahí tomaron el micrófono para denunciar la desaparición de su hija. Habían pasado casi ocho meses del Campo Algodonero.

“A Olga y Ricardo Alanís los había visto en algunas actividades y eventos públicos en los que nos tocó participar, se acercaron con nosotras y ellos me hicieron la propuesta de que acompañáramos jurídicamente el caso de su hija y así iniciamos”, relata.

La Red Mesa de Mujeres inició así su primer acompañamiento jurídico a mediados de 2010 bajo un esquema en el que las familias de las víctimas o las víctimas que son las representadas tienen un papel activo en el proceso.

No trabajan con una relación cliente-organización, sino que llevan a la persona que representan a un nivel importante de toma de decisiones de manera informada, explica Imelda, quien coordina de manera directa las acciones.

“Lo que vamos haciendo es acompañar a las familias que representamos a partir de una serie de planteamientos que son: un acuerdo común, trabajar en un proceso de confianza y que los aprendizajes generados de este proceso dejen precedentes judiciales”, comenta.

Actualmente la Red Mesa de Mujeres encabeza el litigio en diecisiete casos, nueve de feminicidio, siete de desaparición y uno de sexting.

La violencia existe y lo prueban

Con el camino recorrido, la red activó un mecanismo de observancia para monitorear y evaluar la operatividad del sistema de justicia penal acusatorio en Chihuahua, específicamente en el Distrito Bravo, con sede en esa ciudad fronteriza.

“No solo tuvimos que decir que la violencia contra las mujeres existe, sino que también tuvimos que probar su existencia y para probar su existencia, negada y minimizada por las autoridades, empezamos a generar mecanismos de monitoreo y registro de estos tipos de violencia y de las acciones gubernamentales” dice Imelda, al explicar la creación de Observatorio Ciudadano Especializado en Género.

Bajo ese esquema, la actuación de los policías, investigadores, fiscales, defensores y jueces en la ciudad quedó bajo lupa ciudadana, principalmente de las mujeres.

Incidencia política

En la búsqueda de respeto a los derechos de las mujeres, la red ha tenido que empujar estructuras para impulsar la creación de instituciones enfocadas a proporcionar el acceso a la justicia.

“Creo que hay instituciones que hemos tenido que empujar para que se creen, por ejemplo, el modelo de Centros de Justicia para las Mujeres, que plantea que varias instituciones estén concentradas en un mismo espacio, ese modelo no fue creado por Mesa de Mujeres pero nosotras lo adecuamos e impulsamos que se instalara en Ciudad Juárez, ahora lo estamos actualizando”, señala Imelda. “Estamos hablando de provocar que desde la institución gubernamental se creen instituciones para el acceso a la justicia para las mujeres”.

Su incidencia política ha sido esencial en la creación de instancias con competencia y alcance para todo el país y que impactaron en las políticas públicas en México como la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en territorio nacional, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, los Centros de Justicia para las Mujeres y recientemente el Tribunal Especializado en Género, enumera Imelda.

Desde Ciudad Juárez, recientemente también empujó la creación de un Tribunal Especializado en Violencia de Género, que de acuerdo con el proyecto, se basan en los resultados de dos experiencias: el proyecto piloto del tribunal de violencia familiar en 2015 y la agenda de la sociedad civil que demandó la necesidad de juzgar con perspectiva de género a partir del caso de Mary.

En este último caso, la red logró acreditar que la mujer actuó en defensa propia en contra de su pareja agresor, por lo que magistrados dictaron sentencia absolutoria a la sobreviviente de tentativa de feminicidio.

El caso de Mary fue expuesto por Red Mesa de Mujeres ante la CEDAW, el organismo internacional de derechos humanos de las mujeres más importante del Sistema Universal de los Derechos Humanos de la ONU.

“El año pasado, las organizaciones mexicanas con las que colaboré, presentaron informes alternativos con resultados muy efectivos. El Comité CEDAW emitió recomendaciones a las instituciones del Estado mexicano.”

“Investigar y juzgar con perspectiva de género no es una moda, sino un tema de derechos para todas las personas, particularmente, para aquellas que por su condición de género hemos sido históricamente discriminadas” dice Imelda quien cuestiona la misoginia que permanece en las instancias de impartición de justicia.

No juzgar con perspectiva de género produce más impunidad, es parte de ésta.

El pasado 7 de febrero luego de una serie de exhortos, consultas, así como la persistencia de agresiones contra mujeres, el Consejo de la Judicatura de Chihuahua aprobó finalmente la creación del Tribunal Especializado en Violencia de Género o Familiar.

Un trabajo de 12

Los cimientos construidos a lo largo de dieciseis años por personas y colectivos que asentaron la base de la red son los pilares que sostienen el trabajo que actualmente recae en doce personas. Aunque Imelda menciona que además tienen colaboradores que se activan en proyectos específicos.

Su reto es formar nuevos liderazgos que sostengan la lucha, las acciones y continúen el camino en construcción bajo un proceso colectivo.

La defensa de los derechos de las mujeres se lleva en jornadas largas, que no siempre se remuneran, porque el equipo operativo de red aporta mucho tiempo voluntario, ante los escasos apoyos gubernamentales y privados. Yadira recuerda que hay casos de acompañamiento que iniciaron a las doce de la noche y terminamos al día siguiente a las cinco de la tarde.

“Hay días en que una termina diciendo qué bien nos fue, qué bonito, porque una ve a las mujeres contentas”, reflexiona Imelda, pero también les ha pasado que enfrentan un mal día, cuando no se logra lo que se busca, cuando la justicia se estanca y aumentan los casos de violencia contra las mujeres.

Aunque advierte que aún en esos momentos logran mantenerse en unión para no retroceder, no caer. “Hemos logrado ser mujeres resilientes”. Son mujeres que están para otras y esas otras para ellas.